-cerca de 100 mil pesos mensuales entran a la institución; nadie sabe en que se gastan.
Por años, la tradicional lotería organizada por el DIF Municipal de La Paz ha sido mucho más que un simple pasatiempo: representa un punto de encuentro social, especialmente para adultos mayores que se reúnen semanalmente en espacios emblemáticos como el parque Revolución y el Jardín Velazco. Sin embargo, lo que por décadas ha simbolizado convivencia y recreación, hoy podría estar encubriendo una grave irregularidad financiera.
De acuerdo con una denuncia ciudadana recibida por esta redacción, el Sistema DIF La Paz, bajo la dirección de Manuel Salvador Márquez Ventura, estaría recaudando aproximadamente 100 mil pesos mensuales exclusivamente por concepto de cuotas de recuperación de la lotería, sin que exista registro oficial, factura o evidencia pública que respalde el destino de dichos fondos.
El esquema de operación es simple: por cada carta de juego se cobran 2 pesos. Diariamente, asisten hasta 100 personas, y en fines de semana, la cifra puede alcanzar los 150 jugadores. La mayoría de los participantes suele jugar con entre 4 y 6 cartas por persona, lo que incrementa de forma exponencial los ingresos en cada jornada. Además, cada jugada no tarda más de 15 minutos, permitiendo realizar múltiples rondas entre las 4 de la tarde y 9 de la noche, aunque los horarios pueden variar ligeramente entre verano e invierno.
Estas cifras permiten estimar un flujo semanal de ingresos cercano a los 25 mil pesos, que entran a la institución sin mecanismos visibles de transparencia ni rendición de cuentas. Según lo señalado por los denunciantes, el 50% del dinero recaudado en cada jornada es entregado como premio al ganador, mientras que el otro 50% permanece en poder del DIF. No obstante, no hay reportes públicos que detallen el uso de estos fondos.
La situación ha encendido las alertas, pues se trata de recursos administrados en efectivo y sin supervisión institucional, en una dependencia cuyo mandato es proteger y asistir a los sectores más vulnerables. En lugar de garantizar la transparencia, el actual director, Manuel Salvador Márquez Ventura, ha sido señalado como responsable directo de permitir la consolidación de un sistema opaco y sin controles.
En un municipio con profundas carencias sociales, estas omisiones no son meros descuidos administrativos, sino faltas graves de ética y legalidad. Cada peso que se pierde sin explicación en el DIF es un peso que deja de llegar a una familia necesitada, a un adulto mayor, a una madre trabajadora o a un menor en situación vulnerable.
Este caso exige una auditoría inmediata, una investigación formal y la intervención de las autoridades correspondientes. La ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos y a exigir que estos se utilicen con honestidad, responsabilidad y en beneficio directo de quienes más lo necesitan.
