Mientras en tribuna presume ética y compromiso con el pueblo aunque con una evidente incompetencia, el diputado del distrito 5 en Baja California Sur, Alfredo Polanco —alias “el diputado bailador”—, se involucra en un escándalo que huele más a lavadero de favores y dinero, que a representación ciudadana.
Bajo el manto del proyecto gubernamental #BCSNosUne, Polanco ha estado recibiendo dinero en efectivo y sin reportar impuestos por la venta de terrenos ubicados en las polémicas 70 hectáreas del ecocidio más impune de la zona. Solo de enganche, se embolsó 390 mil pesos, procedentes de funcionarios públicos que, como él, deberían velar por el bien común y no por negocios personales con olor a ilegalidad.
El “ecocidio” al que se hace referencia es una herida abierta en el territorio sudcaliforniano, donde la devastación ambiental y el crecimiento inmobiliario desmedido caminan de la mano con la corrupción. Que un legislador participe en este esquema no solo es moralmente reprobable, sino que pone sobre la mesa la necesidad urgente de revisar su fuero y proceder a un #Desafuero inmediato.
¿Quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Quién representa al pueblo cuando sus representantes lo traicionan por pedazos de tierra y fajos de billetes? La ciudadanía merece respuestas, y sobre todo, justicia. Porque lo que pasa en “El Lavadero de Polanco”, no debe quedar impune.
