Ciudad de México (EFE).– Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia de México, Guatemala, Honduras y El Salvador lanzaron este viernes en la capital mexicana el Mecanismo de Protección Transnacional para Niñas, Niños y Adolescentes en Contextos de Movilidad Humana, una iniciativa que incluye propuestas elaboradas por menores, especialmente aquellos con experiencia migratoria.
Las organizaciones explicaron que este mecanismo tiene como objetivo garantizar los derechos humanos de la niñez y adolescencia migrante mediante un enfoque integral, sin importar si se encuentran en tránsito, en el país de destino o han retornado a su lugar de origen.
Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señaló que los flujos migratorios en la región, especialmente entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, continúan siendo intensos. Añadió que tras la pandemia se han sumado con fuerza migrantes procedentes de países como Venezuela, Haití, Colombia y Ecuador, lo que ha cambiado la dinámica migratoria regional, ya que ahora no todos buscan llegar exclusivamente a Estados Unidos.
Ramírez citó datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, que indican que en 2024 se contabilizaron 138,882 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de movilidad en México, de los cuales 47.5% eran mujeres y 52.5% hombres. Además, se registraron 108,444 casos de menores en situación migratoria irregular.
La directora de Redim también criticó que, a pesar de su alta participación en los flujos migratorios, los menores suelen ser tratados como acompañantes de adultos, sin reconocimiento pleno de sus derechos o su individualidad.
Por su parte, Elena Ruiz Bejarano, de Ciprodeni Guatemala, destacó que en su país han identificado que muchos niños y niñas deciden migrar desde los 15 años, motivados por la necesidad de mejorar la situación económica familiar o reunirse con sus seres queridos. Según explicó, la falta de oportunidades económicas dentro del país es una causa central de este fenómeno.
Desde Honduras, Wilmer Vásquez, director de Coiproden, subrayó que la desigualdad social empuja a cientos de miles a abandonar sus países, enfrentando riesgos significativos para encontrar mejores condiciones de vida. Afirmó que esta desigualdad repercute negativamente en el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad social.
En representación de El Salvador, Ana Georgina Ramos de Villalta, directora de la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), recordó que este mecanismo es una herramienta para coordinar los sistemas de protección infantil entre países de origen, tránsito y destino. Mencionó que los menores participantes en el proyecto han compartido experiencias de violencia durante su ruta migratoria, incluyendo amenazas en sus lugares de origen.
Villalta destacó que, en el caso salvadoreño, muchas niñas han sido forzadas a huir por amenazas de pandillas debido a su género. Además, señaló que actualmente entre 30 y 40 millones de niñas, niños y adolescentes están en situación de movilidad a nivel mundial, lo que representa alrededor del 14.6% de la población migrante global.
Durante el evento, también se advirtió sobre los riesgos que enfrentan los menores migrantes debido a políticas implementadas en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, tales como las redadas, las deportaciones exprés y la suspensión de la aplicación CBP-One, las cuales aumentan el riesgo de detención, separación familiar y procesos sin garantías para los menores.
